El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo
A pesar de todos los pretextos y argumentos enarbolados por los sectores oficialistas respecto a la propuesta de reforma constitucional sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo, la verdad es que no hay que ser un genio o un sabelotodo para darse cuenta de que el real propósito de esa iniciativa es mantener habilitado al Presidente Abinader en el escenario político dominicano.
Es bueno recordar que la Constitución vigente hoy día fue redactada por una comisión de reputados juristas, sometida en consulta a debates populares abiertos que se prolongaron por más de un año, discutida y aprobada por la asamblea revisora, y finalmente proclamada.
La Constitución del 2010 dio inicio a una etapa superior en nuestro país con la consagración del Estado social democrático y de derecho. Este solo hecho constituyó una verdadera revolución en el ámbito jurídico y político de la Nación dominicana.
Hasta el 2010 nuestra Constitución se limitaba a reconocer al ciudadano un conjunto de libertades, con lo cual pretendía limitar el ejercicio abusivo de los poderes del Estado.
A partir de esa fecha al ciudadano se le garantiza un amplio catálogo de derechos fundamentales que podrá ejercer para su provecho no sólo en relación con el Estado, sino también frente a los demás ciudadanos.
Cortina de humo
Hago estas aseveraciones, a manera de preámbulo, con la finalidad de dejar claro que no es ni siquiera comparable lo que se hizo en el 2010 con lo que se pretende hacer en esta ocasión, lo cual, a mi entender, no constituye más que una cortina de humo para ocultar los verdaderos propósitos al que hacíamos referencias en el primer párrafo.
Entre los pretextos que se arguyen procurando justificar la referida reforma constitucional están el de ¨evitar¨, en el futuro, que el mandatario de turno pueda modificarla para beneficiarse en lo personal con la extensión o renovación de su mandato, así como el de dotar al Ministerio Público de independencia.
Lo primero que se debe considerar es que si los denominados “candados” para dificultar una modificación al régimen del mandato presidencial implican un cambio en el procedimiento de reforma de la Constitución, será necesario someterlo a la ratificación de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral mediante la realización de un referendo aprobatorio, lo cual no se hizo.
Colocar o eliminar supuestos “candados” no conduce a nada, debido a que cualquier cláusula que se inserte hoy podría ser fácilmente eliminada más adelante, en el entendido de que el legislador actual no puede condicionar al legislador del futuro.
En cuanto a la pretendida independencia del Ministerio Público basta con recordar que en el artículo 170 de la Constitución vigente se le otorga autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, atributos que le confieren a su titular la independencia para actuar libre de presiones u órdenes de cualquier otro poder del Estado.
La verdad es que no alcanzo a visualizar la necesidad de una reforma constitucional en las presentes circunstancias en donde abundan tantas dificultades y reclamos sociales en cuya atención deberíamos enfocarnos.
Más que una reforma constitucional lo que el pueblo espera del Gobierno es que le asegure estabilidad en los precios de los artículos de primera necesidad y seguridad en las vías públicas.
Las razones que se han enarbolado para tal despropósito resultan, a todas luces, insuficientes y pocos convincentes, por lo que reiteramos nuestro planteamiento inicial de que el interés principal es el no jubilar al Presidente Abinader para futuras contiendas electorales.
Si en verdad ese no fuera el interés, los asambleístas debieron incluir un transitorio en donde se estableciera, de manera expresa, que el Presidente actual no podrá postular a la Presidencia en el porvenir.
Debemos oponernos tajantemente a que en estos momentos se someta a la población nuevamente a las presiones que implica una reforma constitucional para beneficiar los intereses personales de los oficialistas.
jpm-am
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