El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, aseguró que el Poder Judicial con la implementación de la política de protección de datos no pretende limitar ni mutilar la libertad de prensa.
El titular de la SCJ afirmó que la iniciativa se inspira en las mejores prácticas internacionales adoptadas por la Unión Europea, España, Costa Rica, Colombia y otros países líderes en esa materia, respectando estándares establecidos en la Cumbre Judicial Iberoamericana “la finalidad es equilibrar la privacidad de las personas involucradas en procesos judiciales y el derecho a la información”.
Molina sostiene que la libertad de prensa es una condición indispensable para el funcionamiento de la democracia y para garantizar el derecho de la sociedad a ser informada.
“Deseamos enfatizar que esta política en ningún caso limita el libre ejercicio del periodismo ni el acceso público a los procesos, las audiencias o los expedientes judiciales, salvo las excepciones previstas por la ley”, expresa en presidente del Consejo del Poder Judicial en una misiva enviada a los medios de comunicación.
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Aclara que la Política de Protección de Datos es una autorregulación para el Poder Judicial y que se ha realizado de conformidad con la Constitución en su artículo 44.2, así como con las leyes de casación, de Protección Integral de los Datos Personales y otras disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano.
“El Poder Judicial entiende que la labor periodística es esencial para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada. La libertad de prensa es una condición indispensable para el funcionamiento de la democracia”, añade.
Precisó que la iniciativa prioriza la protección de datos personales, como información de salud, casos relacionados con niños, víctima de violencia de género y personas en condiciones de vulnerabilidad, garantizando que las personas no sean expuestas innecesariamente, mientras se mantenga la comprensibilidad y la transparencia de las decisiones judiciales.
Consideró que esta es una oportunidad para que la Sociedad Dominicana de Diarios y el Poder Judicial inicien un proceso de diálogo abierto para fortalecer la protección de los derechos fundamentales.
