La Fiscalía de Santiago sometió ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción un extenso expediente acusatorio de más de 600 páginas contra 13 personas vinculadas a una red criminal que operaba desde el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicada a la falsificación de miles de documentos públicos y privados.
Estas acciones, desmanteladas mediante la Operación Colibrí, representaron un grave riesgo para la seguridad jurídica del país.
La investigación del Ministerio Público reveló que la red falsificaba cédulas de identidad, licencias de conducir, carnés, licencias de porte de armas, títulos de propiedad y otros documentos oficiales. Para ello, la organización empleaba «buscones» que captaban clientes y dirigían las solicitudes a distintos integrantes especializados en cada tipo de falsificación.
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Entre los implicados figuran Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo), Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso, exempleado del organismo electoral.
Modus operandi
La red utilizaba métodos sofisticados, como el borrado del contenido original de actas del Registro Civil en papel de seguridad para reimprimir datos falsos, logrando documentos con características auténticas. Asimismo, durante allanamientos autorizados, las autoridades incautaron materiales clave, como plásticos y equipos especializados usados en las falsificaciones.
La investigación incluyó la colaboración de un equipo multidisciplinario y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, resultando en la recolección de más de 800 pruebas que sustentan el caso.
Los imputados enfrentan cargos por violación a múltiples normativas: Código Penal Dominicano (artículos 265, 266, 147, 150), relacionados con asociación de malhechores y falsificación de documentos. Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral (artículo 13). Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales (artículo 86), en el caso del acusado Montero Troncoso. Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por accesos fraudulentos y alteración de datos en bases de información oficial.
Impacto de la red delictiva
El Ministerio Público destacó que las actividades de esta estructura criminal comprometieron la integridad de los sistemas de registro civil y electoral, afectando la confianza pública en los documentos oficiales.
Con esta acusación, la Fiscalía busca que el tribunal competente disponga las medidas necesarias para sancionar a los involucrados, sentando un precedente contra la criminalidad organizada en el país.
