El ingeniero Bernardo Castellanos dijo, con relación a la queja de empresas distribuidoras de electricidad por las pérdidas ocasionadas por la proliferación de paneles solares, que la queja no es por los paneles solares sino por la medición neta en la cual quien instala paneles solares vende la energía que inyecta a las EDE y se resta de la energía que se consume de las EDE, en una operación donde se suman y restan kilovatios hora de energía que tienen diferentes precios.
Dijo que la energía que inyecta un panel solar a las EDE hasta el valor del consumo mensual del dueño del panel solar, se valoriza a precio de tarifa regulada y para clientes cuyo consumo mensual excede los 700 kilovatios hora al mes, la energía inyectada por los paneles hasta su consumo mensual, es valorizada 20 centavos de dólar por kilovatio hora mientras las EDE compran energía fotovoltaica a las centrales a 8 centavos de dólar por kilovatio hora.
“Lo justo, racional y equitativo para las partes, Edes y clientes que instalan paneles solares, es cambiar el método de medición neta por facturación neta y que la energía que inyectan los paneles solares en generación distribuida se valorice al precio promedio de compra de la energía producida por esa misma tecnología por centrales que venden a las EDE. La energía consumida por el cliente que instala paneles solares debe ser valorizada a precio de la tarifa regulada que aplique”, dijo.
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Castellanos comentó una declaración en la que se establece que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) han visto incrementar de manera alarmante los costos provocados por los paneles solares, hasta situar su déficit anual en alrededor de US$ 100 millones. El autoconsumo, el no cobro por potencia a los usuarios con paneles y el régimen de medición neta usado hasta ahora son algunos de los factores que provocan estas abrumadoras pérdidas.
La inequidad del sistema tarifario en el sector de generación distribuida ya fue señal de alerta para las EDE en 2019, cuando la propia EDESUR, en un informe presentado en el marco del proyecto Transición Energética liderado por la GIZ, situó en US$ 23 millones el déficit generado ese año para las distribuidoras.