El Ministerio Público informó que depositará hoy la solicitud de medida de coerción contra seis coroneles; cuatro del Ejercito de República Dominicana, uno de la Fuerza Aérea Dominicana y otro de la Policía Nacional, arrestados mediante la Operación Lobo, imputados en el entramado de corrupción desarticulado desde el lunes mediante la Operación Lobo, junto a nueve civiles, por sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas.
Entre los arrestados en el Distrito Nacional están del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Seis coroneles y nueve civiles arrestados por corrupción en la Operación Lobo
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Parte de los coroneles arrestado en Operación Lobo
La Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó el lunes seis miembros de los cuerpos castrenses y nueve civiles integrantes de una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El Ministerio Público solicitará medida de coerción contra los implicados en las próximas horas
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.
