Bogotá.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue condenado este lunes en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y absuelto del de soborno simple en el considerado ‘juicio del siglo’ en Colombia y se enfrenta a una posible pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.
«Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal», dijo la jueza 44 del Circuito Penal de Bogotá, Sandra Heredia, al leer el fallo contra el expresidente de 73 años.
La jueza agregó: «Cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata».
Heredia señaló que aunque el abogado Diego Cadena, que también está enjuiciado, aparece en el material probatorio presentado por la Fiscalía como la persona que supuestamente manipuló testigos para que cambiaran su testimonio a favor de Uribe en una demanda que lo enfrentó con el senador de izquierdas Iván Cepeda, el expresidente fue el «determinador» de tales conductas.
«Diego Javier Cadena Ramírez (…) se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Eso sí, con una consigna inquebrantable, resguardar la identidad del verdadero instigador. Movidos no solo por el miedo, sino por una lealtad devocional que los llevó a proteger al cerebro del plan criminal, incluso a costa de su propia responsabilidad penal», dijo la jueza.
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que estudió el caso, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
«El hombre más poderoso» y el abogado ambicioso
En la lectura del fallo, que se prolongó por más de diez horas, Heredia validó casi todas las pruebas aportadas por la acusación, entre ellas las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales.
En las conversaciones interceptadas al teléfono celular de Uribe, el exmandatario habla con Cadena, acusado de intentar sobornar en cárceles al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y otros supuestos testigos, para favorecer al expresidente contra Cepeda.
La jueza definió a Uribe como «el hombre más poderoso del país», mientras que de Cadena dijo que «era un abogado en ascenso, con grandes aspiraciones profesionales» y con «carencias intelectuales» que vio en el acercamiento al expresidente «la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional».
«De entrada se generó un vínculo de asimetría, marcada por una clara desigualdad jerárquica, en la que el subordinado debía acatar sin objeción las directrices de su superior, haciéndolo presa fácil de cumplir sin importar las consecuencias que los designios del aquí procesado podrían generar», manifestó la togada.
Con respecto a la lectura de la sentencia contra Uribe, que fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto, la jueza dijo que la ley prevé para los delitos por los que fue condenado «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho».
Sin embargo, aclaró que el acusado, «indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión».
Al comentar el fallo, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, pidió una pena mayor, de 108 meses de prisión (nueve años) y una multa de 1,025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1,458 millones de pesos colombianos (unos 349,000 dólares).
Contra la condena de hoy cabe el recurso de apelación, que la defensa debe presentar en un plazo máximo de cinco días, contados a partir de la lectura de la sentencia, ante el Tribunal Superior de Bogotá.
