Un avión C5M Super Galaxy de la Fuerza Aérea de EE.UU. rueda por la pista de la antigua base militar Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, el 13 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los ataques militares estadounidenses de este mes contra tres embarcaciones que, según funcionarios del gobierno de Donald Trump, traficaban drogas en el mar Caribe, han puesto de relieve la considerable armada naval y la flota aérea de aviones espía que el Pentágono ha enviado a la región en lo que dice ser una misión antinarcóticos y antiterrorismo.
Funcionarios militares, diplomáticos y analistas dicen que uno de los principales objetivos de la fuerza es aumentar la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que altos cargos del gobierno de Trump lo califican de líder ilegítimo y lo acusan de dirigir las acciones de bandas criminales y cárteles de la droga.
“No vamos a tener a un cártel, operando o haciéndose pasar por un gobierno, operando en nuestro propio hemisferio”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en Fox News esta semana, y añadió que Maduro había sido imputado en Estados Unidos y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”.
“Hay una recompensa por su captura”, dijo.
El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales
La fuerte presencia militar en el Caribe, que incluye cazas F-35 en Puerto Rico, sugiere que Estados Unidos planea hacer algo más que volar pequeñas embarcaciones, dijeron los analistas. Pero el alcance de la operación sigue sin estar claro.
La fuerza de 4500 miembros que actualmente se encuentra a bordo de ocho buques de guerra es demasiado pequeña para invadir Venezuela o cualquier país que albergue traficantes. Y no está operando en la principal masa de agua para llevar a cabo una gran campaña de interceptación de drogas. Esa sería el océano Pacífico oriental, según los expertos regionales. El despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de la propia Venezuela, señalan los expertos.
Los funcionarios del gobierno se niegan a decir cuál podría ser la próxima acción militar estadounidense. Cuando se le preguntó el jueves en el Air Force One, de camino a Washington desde el Reino Unido, si había hablado de un cambio de régimen en Venezuela con Rubio o con alguno de sus líderes militares, el presidente Trump dijo que no.
El destructor lanzamisiles USS Sampson DDG-102 de la Marina de EE.UU. atraca cerca de la entrada al Canal de Panamá, en medio de un amplio despliegue naval estadounidense en el sur del Caribe, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 31 de agosto de 2025 (REUTERS/Enea Lebrun)
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo recientemente que el gobierno estaba “dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.
En una conferencia de prensa celebrada esta semana, Maduro condenó el primer ataque, llevado a cabo contra un barco venezolano el 2 de septiembre, como un “crimen alevoso” y “un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país”.
Dijo que si Estados Unidos creía que los pasajeros del barco eran narcotraficantes, deberían haber sido detenidos. Acusó al gobierno de intentar iniciar una guerra. Poco después de la conferencia de prensa, el ejército estadounidense atacó una segunda embarcación.
Varios militares, diplomáticos y oficiales de inteligencia actuales y anteriores dicen que, aunque la lucha contra las drogas es el pretexto de los recientes ataques estadounidenses, el objetivo real es expulsar a Maduro del poder, de una forma u otra.
Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe
“La enorme flotilla naval frente a las costas de Venezuela y el traslado de cazas F-35 de quinta generación a Puerto Rico tienen poco que ver con una interdicción real de las drogas, representan un exceso operativo”, dijo el almirante James G. Stavridis, ex jefe del Mando Sur del Pentágono.
“Más bien, son una clara señal a Nicolás Maduro de que este gobierno se toma cada vez más en serio la posibilidad de lograr un cambio de régimen o de comportamiento por parte de Caracas”, dijo Stavridis. “Ha vuelto la diplomacia de las cañoneras, y puede que funcione”.
Tanto Rubio como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dicho que el ejército llevaría a cabo más ataques en las próximas semanas como parte de lo que describen como una campaña antinarcóticos y antiterrorismo. El ejército atacó una tercera embarcación el viernes, y causó la muerte de tres personas, dijo Trump.
“Los narcoterroristas son enemigos de Estados Unidos, que traen activamente la muerte a nuestras costas”, dijo Hegseth esta semana en redes sociales tras el segundo ataque, y añadió: “Los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en el momento y el lugar que elijamos”.
“Los narcoterroristas son enemigos de Estados Unidos, que traen activamente la muerte a nuestras costas”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Ese es el tipo de lenguaje que los dirigentes del Pentágono han utilizado durante años en su batalla contra grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico en Medio Oriente, el suroeste de Asia y África.
“Dado el gran número de medios militares estadounidenses que se han desplegado en el Caribe, está claro que el gobierno tiene la intención de continuar dichas operaciones”, dijo el jueves en una audiencia en el Senado el senador Jack Reed de Rhode Island, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados.
El refuerzo militar estadounidense en el Caribe tiene en vilo a la región.
“Hasta ahora, los ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes se están interpretando en la región como disparos de advertencia que presagian la posibilidad de una nueva escalada”, dijo Elizabeth Dickinson, analista principal del International Crisis Group en Bogotá.
A principios de este mes, ese punto álgido parecía inminente, después de que dos cazas venezolanos F-16, armados pero antiguos, sobrevolaron un destructor de misiles guiados de la Armada en la región, en una demostración de fuerza que aumentó las tensiones entre Washington y el gobierno de Maduro.
Dos cazas venezolanos F-16 sobrevolaron un destructor de misiles guiados de la Armada de EEUU en el Caribe (Foto: Voz de América)
En respuesta, el Pentágono envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para disuadir más sobrevuelos venezolanos y para estar preparados en caso de que Trump ordene ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.
Trump afirmó el lunes que el barco que el ejército estadounidense destruyó el 15 de septiembre se dirigía a Estados Unidos y lo vinculó a “cárteles del narcotráfico” que, según dijo, suponían una amenaza para el país. El presidente dijo que las personas muertas habían sido “identificadas positivamente”, pero no mencionó ninguna organización concreta con la que pudieran estar relacionadas.
En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval, Trump dijo que se había basado en información de inteligencia concluyente para determinar que el barco atacado estaba cargado de drogas. “Somos muy cuidadosos: los militares han estado increíbles”, dijo, y añadió: “Hemos registrado pruebas y evidencias. Sabemos a qué hora salían, cuándo salían, qué llevaban y todas las demás cosas que te gustaría tener”.
“Tenemos pruebas”, dijo. “Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que había, salpicada por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.
El Pentágono envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para disuadir más sobrevuelos venezolanos y para estar preparados en caso de que Trump ordene ataques aéreos contra objetivos en Venezuela (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Pero la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado no han ofrecido ninguna prueba que respalde las afirmaciones de Trump.
Especialistas jurídicos y congresistas demócratas han tachado de ilegales los ataques estadounidenses.
“La decisión del presidente de utilizar la fuerza militar letal contra civiles basándose en afirmaciones no probadas de que son narcotraficantes es moralmente reprobable y estratégicamente insensata, y acabará dificultando la prevención de la entrada de drogas peligrosas en nuestras comunidades”, dijo el representante Jim Himes, de Connecticut, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
En la Casa Blanca y en el Capitolio está circulando un proyecto de ley que otorgaría a Trump amplios poderes para librar una guerra contra los cárteles de la droga que considere “terroristas”, así como contra cualquier país que, según él, los haya albergado o ayudado, como informó anteriormente The New York Times.
El buque de asalto anfibio de la Armada de los Estados Unidos, USS San Antonio (Europa Press//Tanner Seims/U.S. Marines)
Funcionarios del Departamento de Defensa informaron el miércoles a los miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre los dos ataques. El representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en la comisión, dijo que los funcionarios del Pentágono no habían ofrecido pruebas de justificación legal, aparte de la afirmación de Trump de “defensa propia” para los dos ataques, y no habían proporcionado ninguna información sobre la ubicación de los ataques o quién y qué había en los barcos.
Smith también dijo que los funcionarios no habían ofrecido detalles sobre lo que los militares pensaban hacer a continuación. “Si tienen planes, no los comparten”, dijo en una entrevista telefónica.
En julio, Trump firmó una orden aún secreta que ordenaba al Pentágono que empezara a utilizar la fuerza militar contra determinadas bandas criminales y cárteles de la droga latinoamericanos. En agosto, la Marina estadounidense envió una gran cantidad de potencia de fuego al sur del mar Caribe.
Trump firmó una orden aún secreta que ordenaba al Pentágono que empezara a utilizar la fuerza militar contra determinadas bandas criminales y cárteles de la droga latinoamericanos (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
Hasta ahora, el ejército ha desplegado en la región ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia P-8 de la Marina y un submarino de ataque. El Pentágono ha ofrecido pocos detalles sobre los objetivos y la ubicación de la fuerza, aparte de la lucha contra los narcotraficantes.
El grupo anfibio conocido como Iwo Jima Amphibious Ready Group —que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con 4500 marineros— ha estado navegando cerca de Puerto Rico. También lo ha hecho la Unidad Expedicionaria de Marines 22, con 2200 infantes de marina.
El Iwo Jima está equipado con aviones de ataque AV-8B Harrier. Hegseth y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitaron Puerto Rico la semana pasada para reunirse con los mandos.
Dos destructores de misiles guiados de la Marina —el USS Jason Dunham y el USS Gravely— operan en el sur del Caribe. Ambos buques de guerra se unieron recientemente a la campaña contra las milicias hutíes en el Mar Rojo. Un tercer destructor, el USS Sampson, ahora en el Pacífico oriental, podría unirse pronto, dijo un funcionario de la Armada.
Estos buques de guerra son de la clase Arleigh Burke, equipados con más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire. Pueden realizar guerra antiaérea y antisubmarina, y derribar misiles balísticos.
Dos destructores de misiles guiados de la Marina —el USS Jason Dunham y el USS Gravely— operan en el sur del Caribe (REUTERS)
Además, el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el buque de combate litoral Mineápolis-St. Paul también operan en el Caribe.
Los historiadores militares señalan otras condiciones provocadoras que precedieron a importantes episodios militares estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX.
En diciembre de 1989, el gobierno del presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 soldados estadounidenses para invadir Panamá y detener a su caudillo, Manuel Noriega, quien había sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Noriega fue condenado en 1992 y murió en Ciudad de Panamá en 2017.
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