EL AUTOR es político. Reside en Raleigh, Estados Unidos.
Durante las últimas décadas del pasado siglo XX, en la República Dominicana los indicios de lavado de activos provenientes del crimen organizado, dígase tráfico de narcóticos, contrabando, y tráfico de personas, se resumía a la instalación de pequeñas cadenas de negocios, a construcciones de mansiones de lujo y a la importación de vehículos de alto cilindraje.
De un tiempo a esta parte, el lavado de activos ha cambiado de pelaje; ahora observando cuidadosamente la fisonomía de las ciudades dominicanas, más los cambios económicos de algunos nichos poblacionales, tenemos que deducir que algo grande ha pasado en esos núcleos sociales que pueden exponer capitales descomunales a los ojos del público.
Las agencias de vehículos (dialers) se han multiplicado de tal manera que ya no caben en las ciudades; ahora podemos encontrar un dealer en una carretera desolada; y la pregunta que se nos ocurre es, ¿a quién se le venderá un vehículo en este lugar?
Como este tipo de negocio también se han multiplicado las urbanizaciones de lujo; en cualquier parte encontramos, proyectos de bienes raíces con terminaciones muy costosas, desarrolladas por empresas constructoras desconocidas. Suponemos que, los permisos ambientales y de construcción en lugares donde no hay servicios básicos, también costarán un buen dinero.
Por ejemplo, el legislador del gobierno del PRM, el más votado en la provincia de Santiago de los Caballeros, y preso por narcotráfico, Miguel Gutiérrez, según una crónica de Diario Libre del 18 de mayo del 2021, tiene una urbanización de unos 5 mil apartamentos en el municipio de Gurabo; caramba… ¡cuánta exposición, sin que nadie la cuestione!
En todo el mundo, donde le es posible, el crimen organizado paga para permanecer y llevar a cobo sus prácticas; y no solo compra la voluntad de autoridades comprables, sino también la propaganda limpiadora; hace unos años comenzaron aparecer en los medios de comunicación, los llamados “comunicadores del narco”.
Personas que ganaron fama en la comunicación, y a quienes el crimen organizado identificó su principal debilidad, el amor al dinero; esos vinieron a justificar esa actividad delincuencial, con largos circunloquios basados en los adictos enfermos y la necesidad de la legalización de los narcóticos, para parar la violencia entre las bandas y las autoridades.
Hoy en una nación con tantas glorias que exhibir, como la dominicana, asistimos al asombro de ver un gobierno acorralado por una ola de peticiones de extradiciones de funcionarios y relacionados, dirigentes y soportes económicos del partido en el poder (PRM) por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero de dicha procedencia.
La narrativa conveniente de los dirigentes de ese partido político, es injustificable; a cinco años de regir los destinos del Estado, justificar una catástrofe delincuencial diciendo que se dieron casos en otros gobiernos, no puede santificar una conducta recurrente que, si escarbamos bien, encontraremos indicios y ligamentos en este sector político desde los años 90s del siglo pasado.
El presidente Abinader está compelido por los EEUU: “o haces lo que te ordenamos o te mandamos la DEA” y ya no será en comisiones de cooperación; la vocinglería conveniente y pagada, no puede obnubilar el entendimiento de un pueblo y un país engañosamente conducido.
jpm-am
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