Una huella imborrable de dolor, pero también una de resistencia, dejaron en Los Ángeles las redadas migratorias desatadas hace un año, cuando el condado sirvió de laboratorio para probar la máquina de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, que produjo la muerte de indocumentados y estadounidenses.
La mañana del 6 de junio de 2025 agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desataron múltiples operativos que se extendieron por todo el condado, el más poblado de EE.UU. y hogar de más de 3 millones de inmigrantes.
"Emocionalmente deja una huella que quedó marcada para siempre", dice a EFE uno de los trabajadores detenidos en la compañía Ambiance Apparel, uno de los primeros objetivos de las redadas, donde se detuvieron a más de 40 trabajadores.
El inmigrante, de 33 años que no ha querido identificarse por temor a represalias en su caso, considera que lo detuvieron "sin brindarle derechos" y que no se le respetó el debido proceso.
El trabajador tardó más de una semana en poder hablar con un abogado y estuvo más de dos meses detenido en la cárcel migratoria de Adelanto (California), sujeta a múltiples denuncias por negligencia.
“Duele recordarlo y siempre creo que será así, queda uno como marcado”, sostiene el inmigrante, que hace parte de la campaña Lucha Zapoteca, impulsada por la Warehouse Workers Resourse Center, que apoya a los 15 trabajadores de raíces indígenas detenidos en esa compañía, tres de ellos ya deportados.
El laboratorio de prueba
Esa mañana, los operativos simultáneos se extendieron a más de siete lugares, incluido una tienda Home Depot, donde jornaleros que ofrecían su mano de obra se vieron rodeados y detenidos a la fuerza.
Defensores de los derechos civiles respondieron para tratar de evitar las irregularidades, pero ellos también fueron detenidos y acusados por cargos federales.
Los operativos de ese día revelaron la táctica que el Gobierno Trump implementaría por meses alrededor del país para lograr la meta de un millón de deportados en su primer año.
"Apuntaba a los inmigrantes más vulnerables", dijo a EFE Ron Gochez, vocero del colectivo Unión del Barrio, que considera que Los Ángeles fue un laboratorio para implementar el plan que buscaba atemorizar a la comunidad.
La indignación
Pero las detenciones, en las que se evidenció uso de fuerza excesiva, provocaron una serie de manifestaciones y estallidos de protestas, que la Casa Blanca trató de contrarrestar con el despliegue de la Guardia Nacional de California, sin la anuencia del gobernador Gavin Newsom, en un hecho que no ocurría en más de 60 años.
“Hace un año, Los Ángeles vivió la militarización de nuestros barrios, pero nuestra respuesta fue clara: no nos dejaríamos intimidar por el racismo y la división”, indicó a EFE Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
La indignación por las redadas fue más allá de las protestas de los defensores de los derechos civiles: vecinos, iglesias, sindicatos, funcionarios electos, el condado y el estado se unieron en una respuesta sin precedentes para contrarrestar las detenciones.
Se creó una red de alertas comunitarias que incluyó el uso de las redes sociales para documentar los múltiples operativos, que se minimizaron tras una demanda en la que se alegó que el Gobierno arrestó y detuvo “inconstitucionalmente” a personas para cumplir con una cuota "arbitraria" de arrestos.
En 2025 se llegaron a arrestar a más de 14.000 personas en el área metropolitana de Los Ángeles; la mayoría de ellas no tenía antecedentes penales, según un análisis de LAist basado en datos recientes del Deportation Data Project.
Las redadas en Los Ángeles se saldaron con la muerte de dos inmigrantes, accidentados al tratar de huir, en un presagio de otros decesos, entre las que se cuentan las de los estadounidenses Renee Good y a Alex Pretti, tiroteados en Mineápolis por agentes migratorios.
Este sábado y a lo largo de la semana, Los Ángeles albergará varios eventos que recapitulan los daños causados por las redadas pero que también alientan a seguir con la lucha.
"Demostramos que las comunidades inmigrantes no son víctimas pasivas, sino una fuerza poderosa que sostiene y enriquece a esta ciudad", puntualizó Salas.
